La Unión Eléctrica (UNE) reconoció una situación crítica en el sistema energético nacional, con cortes que afectan a más del 51% del territorio cubano. La falta de generación, sumada a la ineficiencia en la gestión de las autoridades de la isla, ha provocado interrupciones del servicio que superan las 20 horas diarias en el oriente del país y alcanzan las 10 horas en La Habana.
La empresa estatal detalló que durante la jornada del jueves el servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas, extendiéndose sin tregua durante la madrugada de este viernes. El pico de desconexión se registró a las 19:50 horas, con un déficit de 1.575 megavatios (MW). Para la jornada actual, la disponibilidad de generación apenas alcanza los 1.790 MW frente a una demanda estimada de 2.900 MW, lo que se traduce en una afectación real de 1.070 MW desde las primeras horas de la mañana.
El panorama se agrava para el horario de mayor consumo. Según el pronóstico de la UNE, la demanda nocturna escalará hasta los 3.500 MW, mientras la generación disponible será de apenas 1.799 MW. Este desequilibrio generará un déficit de 1.701 MW, dejando sin servicio a una afectación estimada de 1.771 MW, equivalente a más de la mitad del país. Ante este escenario, el régimen de La Habana ha intentado maquillar la crisis destacando la producción de 28 parques solares fotovoltaicos, que aportaron 2.190 MWh con un máximo de 536 MW al mediodía; sin embargo, estas cifras resultan insuficientes para compensar el déficit estructural del sistema.
Una crisis estructural derivada de la mala gestión
El colapso energético que sufre la isla no es un evento aislado, sino la consecuencia directa de años de mala gestión gubernamental y falta de planificación estratégica. El sistema se mantiene al borde del colapso debido a averías constantes en centrales térmicas obsoletas, mantenimientos programados que se eternizan, escasez crónica de combustible y lubricantes, y la paralización de decenas de motores de generación distribuida. Esta infraestructura deteriorada refleja la incapacidad del gobierno cubano para garantizar un servicio público básico, profundizando la crisis económica y social que atraviesa la nación.
Las implicaciones de este apagón sostenido amenazan con desencadenar mayores niveles de frustración y descontento social en una población ya agobiada por la inflación, el desabastecimiento y la represión. La incapacidad de la dictadura cubana para resolver la crisis energética no solo compromete la calidad de vida de los ciudadanos y el ya mermado aparato productivo, sino que también presiona la estabilidad del régimen, ante la mirada de una comunidad internacional que observa cómo las condiciones de vida en la isla se deterioran de forma acelerada.
