Una investigación de ReporteCubaYa revela que el Ministerio de Salud Pública de Cuba eroga aproximadamente tres millones de dólares anuales en viajes y dietas para altos funcionarios, mientras el sistema sanitario de la isla colapsa y la población sobrevive entre escasez extrema e inflación galopante. El caso del ministro José Ángel Portal Miranda, quien habría gastado 120 mil dólares en un solo periplo por Europa, ilustra el contraste entre la opulencia burocrática del aparato estatal y la miseria cotidiana de los cubanos.
El despilfarro de recursos públicos en viajes al exterior por parte de altos cuadros del gobierno cubano no es una práctica nueva. Ya en abril de 2008, el entonces ministro de Educación, Luis Ignacio Gómez Gutiérrez, fue destituido de su cargo bajo la acusación de realizar viajes internacionales innecesarios y emplear para ello fondos previstos para otras áreas de su gestión. Sin embargo, fuentes consultadas señalan que el cese respondió más a un castigo por indisciplina —había hablado más de lo permitido en congresos internacionales— que a un control real del gasto. Desde entonces y hasta la actualidad, ministros de diversas carteras han mantenido una intensa agenda de viajes sin que ello haya generado consecuencia administrativa alguna.
Documentación a la que tuvo acceso este medio revela el alcance actual de estos desembolsos. Con motivo de la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en mayo de 2025, una delegación cubana encabezada por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, e integrada por una veintena de funcionarios, recorrió varios países europeos durante más de quince días. Previamente, otra decena de funcionarios del ministerio había realizado viajes preparatorios semanas antes. Según fuentes internas del propio MINSAP y de otras entidades del ejecutivo cubano, solo en dietas para esa reunión en Ginebra se desembolsaron cerca de 200 mil dólares, de los cuales aproximadamente 120 mil correspondieron a gastos individuales del ministro, empleados en actividades no directamente vinculadas con la Asamblea.
Un sistema de privilegios blindado por la opacidad
Las mismas fuentes indican que el gasto total del Ministerio de Salud Pública en viajes al exterior durante 2025 asciende a unos tres millones de dólares, suma que involucra exclusivamente a \»directivos de primer nivel\». Una cifra similar pudo haber sido destinada a dietas de funcionarios de menor rango. Estas erogaciones se producen en medio del deterioro acelerado del sistema sanitario cubano, marcado por la falta de medicamentos, el colapso hospitalario y la migración masiva de profesionales de la salud, situaciones que las autoridades de la isla han atribuido sistemáticamente al embargo de Estados Unidos sin reconocer la responsabilidad de la gestión gubernamental.
El esquema de viáticos se extiende a todo el aparato de dirección estatal. Un funcionario de rango medio puede recibir entre 20 y 60 dólares diarios durante una misión en el exterior, sin obligación de justificar el gasto. En un viaje de una semana, esa persona percibe entre 140 y 420 dólares en efectivo, equivalentes hoy a entre 70 mil y 200 mil pesos cubanos según la tasa de cambio informal: una suma que supera lo que un trabajador común cubano ingresa en un año completo. Mientras tanto, los viáticos para desplazamientos dentro del territorio nacional están regulados por la Resolución 107/2023 del Ministerio de Finanzas y Precios, con un máximo diario de 860 CUP, de los cuales 460 corresponden a alimentación.
El contraste entre la burocracia y el país real
La disparidad entre las condiciones de vida de la dirigencia estatal y las de la población común refleja una de las características estructurales del régimen de La Habana: la existencia de una casta burocrática con acceso privilegiado a divisas, bienes y servicios, mientras la ciudadanía enfrenta un escenario de empobrecimiento generalizado. La inflación, el desabastecimiento, los apagones prolongados y la depreciación del salario real configuran un contexto en el que el gasto millonario en viáticos no constituye una anomalía administrativa, sino una expresión más de las prioridades del poder.
Para los cubanos comunes, estas revelaciones confirman lo que la experiencia cotidiana ya demuestra: el gobierno cubano administra los escasos recursos disponibles en función de los privilegios de su nomenclatura, no de las necesidades de la población. La ausencia de mecanismos de control, auditoría independiente o rendición de cuentas permite que prácticas como estas se mantengan en la impunidad. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han señalado reiteradamente la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos en Cuba, pero la ausencia de contrapesos institucionales hace improbable cualquier cambio en el corto plazo, salvo que la presión social y el descrédito creciente del modelo obliguen a la dictadura a modificar, al menos retóricamente, sus formas de proceder.
