La Habana.- Mientras Cuba se paraliza bajo apagones que superan las 24 horas, la recapitalización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) exige una inversión de hasta 10 000 millones de dólares que el Estado no posee. Sin embargo, análisis económicos señalan que las autoridades de la isla cuentan con un vasto patrimonio hotelero, gran parte bajo control militar, cuyo valor supera con creces el monto necesario para solucionar la crisis energética, planteando un debate sobre las prioridades del gobierno cubano frente al bienestar ciudadano.
Académicos especializados en la economía de la isla, como Jorge Piñón y Ricardo Torres, han advertido que modernizar la infraestructura eléctrica del país requerirá entre cinco y diez años, con un costo estimado de ocho a diez mil millones de dólares. La interrogante central que plantean los expertos es quién financiará esta obra indispensable, dado que ni las arcas del Estado ni los ciudadanos cuentan con los recursos para asumir un gasto de esta magnitud. La falta de liquidez del ejecutivo cubano y su histórica reputación como deudor incumplido limitan severamente el acceso a financiamiento internacional.
Ante este escenario, una posible salida financiera pasaría por hipotecar el extenso patrimonio inmobiliario turístico del Estado. Bajo el precepto constitucional de que los medios fundamentales de producción pertenecen al pueblo, las instalaciones hoteleras representan un capital inmovilizado. Según datos de 2023, el Estado cubano poseía alrededor de 81 000 habitaciones, de las cuales una porción significativa corresponde a hoteles de cuatro y cinco estrellas. Aplicando los costos de construcción promedio en el Caribe, el valor de este segmento de lujo asciende a aproximadamente 18 000 millones de dólares.
El control militar del turismo y la inacción estatal
Una porción considerable de esta riqueza inmobiliaria está concentrada en manos de la cúpula militar. El 48 % de las habitaciones hoteleras pertenece al Grupo Gaviota, entidad vinculada al monopolio GAESA del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Mientras estas instalaciones de lujo permanecen en gran medida vacías o subutilizadas, la población sufre los estragos de una infraestructura eléctrica obsoleta. Este contraste ilustra la profunda desconexión entre las prioridades del régimen y las necesidades básicas de la ciudadanía, sumida en una crisis sistémica que combina desabastecimiento, inflación y un éxodo migratorio sin precedentes.
La renuencia de la dictadura cubana a comprometer sus activos turísticos para garantizar el suministro eléctrico evidencia una vez más la subordinación del bienestar social al mantenimiento del poder y sus privilegios. La negativa a explorar mecanismos financieros convencionales, como la garantía hipotecaria de propiedades estatales, condena a la isla a prolongados períodos de oscuridad y estancamiento económico. A largo plazo, esta inacción no solo profundizará el deterioro de la calidad de vida de los cubanos, sino que también aislará aún más al gobierno de La Habana frente a la comunidad internacional y los organismos financieros globales.
