La Habana, Cuba. – La reciente destitución y presunta investigación al exministro de Economía y viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, ha destapado una profunda crisis de fraccionamiento y corrupción dentro de las altas esferas del gobierno cubano. Mientras el oriente del país enfrenta los estragos del huracán Melissa, las autoridades de la isla utilizan este caso como cortina de humo para intentar deslindar la responsabilidad directa de la cúpula de poder en el colapso económico y la impunidad institucional que caracteriza a la dictadura.
La salida repentina de Gil Fernández del panorama político no responde a una labor de auditoría interna del Partido Comunista, sino a la presión ejercida por investigaciones de medios de prensa extranjeros e independientes, así como por denuncias en redes sociales que evidenciaron casos de nepotismo y tráfico de influencias. Hasta antes de estas revelaciones, el régimen de La Habana desestimó las acusaciones como campañas de descrédito. La destitución \»exprés\» del funcionario, quien días antes participaba en actos oficiales junto a Raúl Castro, evidencia la incapacidad del ejecutivo cubano para mantener el control sobre una nomenclatura inmersa en escándalos de lavado de activos y espionaje.
El caso de Gil Fernández trasciende la falta individual y refleja el rotundo fracaso de la \»política de cuadros\» del gobierno cubano. En los últimos cinco años, decenas de ministros, viceprimeros ministros y altos mandos militares han sido destituidos bajo acusaciones graves. Sin embargo, la permanencia en sus cargos de figuras como Miguel Díaz-Canel, el primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional, revela una estructura de poder donde los delitos no se castigan por el daño causado a la economía nacional, sino por la exposición mediática que amenaza el entramado de complicidades que sostiene a la dictadura.
Un chivo expiatorio para blindar a la cúpula militar y política
La imputación de delitos al exministro de Economía, quien fue seleccionado para el cargo pese a sus antecedentes en empresas extranjeras y los vínculos de su esposa, Gina González García, con el caso de la empresa Río Zaza, demuestra que la corrupción es un problema sistémico y funcional al poder en la isla. La historia reciente muestra un patrón recurrente donde figuras como José Manuel Robaina, Felipe Pérez Roque o Carlos Lage fueron sacrificadas tras acumular demasiado poder. Todo apunta a que Gil Fernández asumirá el papel de chivo expiatorio, replicando dinámicas de los aparatos de inteligencia heredados de la escuela soviética, donde se busca que el inculpado asuma la totalidad de las culpas para proteger a la dirigencia histórica.
El eventual juicio a Alejandro Gil Fernández, ya sea a puerta cerrada o transmitido de forma diferida, no revelará las verdaderas culpabilidades de la cúpula que amparó sus gestiones. Para la ciudadanía, que sufre las consecuencias directas de la inflación, el desabastecimiento y la represión social, este episodio confirma la hipocresía de una élite que exige sacrificios mientras se enriquece. La comunidad internacional y la sociedad civil cubana deben mantener la exigencia de transparencia y respeto a los derechos humanos, ante un sistema que utiliza a sus funcionarios como piezas desechables para maquillar una crisis estructural insostenible.
