El activista y preso político Alexander Peraza García denunció un brote de hepatitis en la prisión provisional La Pendiente, ubicada en Santa Clara, lo que ha provocado la suspensión arbitraria de las visitas familiares por parte de las autoridades penitenciarias. La situación evidencia el deterioro de las condiciones sanitarias en los centros de reclusión cubanos y la vulnerabilidad de los reclusos ante enfermedades infecciosas.
De acuerdo con el testimonio del recluso, el director del recinto, mayor Yuriolbis Espí, anunció la suspensión de la visita programada para el próximo lunes 3 de noviembre como medida preventiva. Peraza García detalló que la enfermedad se ha propagado en nueve de los diez destacamentos del penal. Únicamente el destacamento número 5, donde se encuentran 75 reclusos sanos, se ha mantenido libre de la patología, aunque también fueron afectados por la cancelación del encuentro familiar. Ante esta medida generalizada, los presos de ese destacamento amenazaron con declararse en huelga de hambre si no se restablece el derecho a las visitas.
Los reclusos desconocen el tipo de hepatitis que azota el recinto, ya que las autoridades de la isla no han proporcionado información oficial al respecto. La propagación de esta enfermedad, frecuentemente transmitida por vía fecal-oral o por contacto con alimentos y utensilios contaminados, subraya la precariedad higiénica y el hacinamiento que caracterizan al sistema penitenciario. El colapso de los servicios básicos en el país, sumado a la escasez de insumos médicos y desinfectantes, propicia un entorno propicio para la proliferación de este tipo de infecciones dentro de las prisiones.
Represión y criminalización de la disidencia
Alexander Peraza García, de 29 años y residente en Sagua la Grande, Villa Clara, permanece recluido desde el 23 de diciembre de 2024. El régimen de La Habana mantiene una petición fiscal de 10 años de privación de libertad en su contra por el delito de \»propaganda contra el orden constitucional\». Su arresto se produjo tras un registro de su domicilio por agentes de la Seguridad del Estado, quienes confiscaron materiales vinculados a la Constitución de 1940, documento histórico cuyos principios democráticos Peraza García promueve.
La detención del activista forma parte de la estrategia de la dictadura cubana para silenciar la disidencia y castigar la exigencia de derechos fundamentales. Además de difundir información sobre la situación nacional en redes sociales, Peraza García había organizado protestas pacíficas contra los prolongados apagones que afectan a la población. La criminalización de este tipo de iniciativas cívicas demuestra la intolerancia del ejecutivo cubano hacia cualquier forma de manifestación ciudadana que cuestione la gestión gubernamental.
El brote sanitario en La Pendiente y la amenaza de huelga de hambre de los reclusos del destacamento 5 plantean un nuevo escenario de tensión en el sistema carcelario. Mientras la crisis estructural de la isla sigue mermando la calidad de vida de la población, la falta de transparencia en la atención médica penitenciaria compromete aún más la integridad física de los reclusos, especialmente de los presos políticos, quienes enfrentan condiciones de reclusión punitivas en medio del abandono institucional.
