El recluso Diosmar Izquierdo Lebrán, aquejado de múltiples y graves patologías, fue trasladado a régimen de castigo en la prisión Kilo 8 de Camagüey tras iniciar una huelga de hambre para protestar por la denegación de su progresión a mínima severidad. Las autoridades penitenciarias ignoran el deterioro físico del interno, quien sufre parálisis y carece de atención médica básica dentro del penal.
Izquierdo Lebrán, de 52 años y natural del reparto Paco Borrero, cumple una condena de 28 años desde 2015. Su estado de salud ha colapsado bajo la custodia del régimen de La Habana. En 2022 sufrió una isquemia cerebral que lo dejó con parálisis, agravada por la total ausencia de fisioterapia y medicamentos en el centro. A esto se suman padecimientos crónicos como hipertensión, asma, anemia, hígado graso y cálculos renales, así como severas complicaciones derivadas de una sonda uretral colocada en 2023 que no recibe el mantenimiento adecuado, obligándolo a utilizar bolsas plásticas por la falta de insumos hospitalarios básicos.
La burocracia penitenciaria ha mantenido al interno en un limbo legal. Aunque el exdirector del penal, el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, le aseguró en su momento que sería transferido a un albergue para reclusos enfermos conocido como La Empresita, el nuevo jefe de la unidad, el mayor Leonardo Suárez Rey, y el capitán Yasmani, informaron recientemente que se le ha denegado dicho beneficio por un año. Ante esta decisión arbitraria y el evidente abandono médico, el prisionero inició una huelga de hambre, lo que provocó que la dictadura cubana lo aislara en celdas de castigo, según denunció otro recluso de Kilo 8 bajo condición de anonimato.
El colapso del sistema penitenciario y sanitario
El caso de Izquierdo Lebrán es un reflejo del abandono institucional que impera en los centros de reclusión de la isla. El gobierno cubano ha desmantelado progresivamente la infraestructura sanitaria, dejando a la población carcelaria expuesta a condiciones infrahumanas. La falta de medicamentos, la escasez de recursos médicos y la negligencia institucional se entrelazan con un sistema penitenciario que opera sin rendición de cuentas, donde la vida de los reclusos queda a merced de decisiones arbitrarias de los mandos militares y policiales.
El aislamiento de un enfermo grave en celdas de castigo por exigir atención sanitaria evidencia una vez más la naturaleza represiva del aparato estatal. Mientras la crisis estructural de Cuba empuja a miles a la emigración y sume a los que se quedan en la precariedad, el silencio de la comunidad internacional frente a las violaciones de derechos humanos en las prisiones de la isla continúa permitiendo que la impunidad del régimen se cobre víctimas dentro de los muros de penales como Kilo 8.
