La crisis del sistema de salud y la ineficiencia de las empresas estatales han derivado en el colapso de los servicios funerarios en Cuba. Familiares de fallecidos en La Habana denuncian que deben pagar sobornos que superan los 15,000 pesos para acceder a capillas, preparar los cuerpos y conseguir transporte, ante la indolencia de las autoridades de la isla que mantienen estos servicios como gratuitos solo en el papel.
La muerte de un reconocido vecino del municipio habanero de Lawton, a causa de complicaciones por una arbovirosis en el Hospital Miguel Enríquez, ha puesto de manifiesto el deterioro profundo de la prestación necrológica en el país. Al acudir a la funeraria, los familiares fueron informados de que no existía capacidad para recibir el cuerpo. Sin embargo, al personarse en el establecimiento, un nieto del difunto comprobó que las capillas estaban completamente vacías. El acceso solo fue posible tras el pago de 8,000 pesos en moneda nacional \»por la izquierda\», evidenciando un esquema de extorsión sistémica en instalaciones del gobierno cubano.
La negligencia estatal se extendió a la preparación del cadáver. Ante la ausencia de personal y de utensilios básicos, los familiares tuvieron que asumir la limpieza y vestimenta del occiso, recurriendo a amigos cercanos para conseguir agua y paños. A pesar de no recibir asistencia alguna, las autoridades de la instalación les cobraron 2,000 pesos por el uso de un cubículo. El traslado hacia el cementerio presentó un nuevo obstáculo por la falta de carros fúnebres, obligando a la familia a pagar 7,000 pesos a un conductor particular. La situación escaló cuando el chofer pretendió trasladar a dos fallecidos en un mismo vehículo, siendo detenido únicamente por las protestas de los dolientes.
Una tragedia cotidiana ante la inacción del régimen
De acuerdo con portales oficiales de trámites, el velatorio, la preparación del cadáver y el ataúd deberían ser gratuitos. No obstante, la realidad impuesta por el régimen de La Habana ha derivado en un mercado negro donde el ciudadano financia los salarios de los empleados públicos. Esta crisis no se limita a casos aislados. La demora en la recogida de cuerpos en los domicilios se ha vuelto habitual, como evidenciaron los recientes casos de los actores Carlos Massola y Miriam Learra, cuyos restos permanecieron en sus casas durante siete y diez horas, respectivamente, antes de ser retirados.
El desplome de la infraestructura trasciende la capital. En zonas rurales, la inexistencia de transporte fúnebre ha obligado a decenas de familias a trasladar a sus difuntos en carretas de caballos, carretillas o incluso a hombros. A esto se suma el estado ruinoso de los cementerios a lo largo de la isla, sumidos en el abandono y la falta de mantenimiento. Este escenario es un reflejo directo del colapso estructural que atraviesa la nación, donde la inflación galopante, el desabastecimiento y la falta de salarios dignos han forzado a los trabajadores estatales a buscar ingresos ilícitos para sobrevivir.
La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar la dignidad en la muerte es la prueba irrefutable del fracaso de su modelo de gestión. Mientras la dictadura cubana prioriza el aparato represivo y el control social, los ciudadanos enfrentan una vulnerabilidad extrema desde el nacimiento hasta el fallecimiento. La indiferencia ante el duelo y la mercantilización forzosa de los servicios públicos auguran un deterioro aún mayor de la calidad de vida, profundizando el sufrimiento de una población que ya soporta el peso de una crisis humanitaria compleja.
