La doctora Yanelyks Alonso Valdés, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno de Güines, fue asesinada por su expareja en la madrugada del domingo en su vivienda de Mayabeque. Su madre, mayor de 75 años, fue intervenida quirúrgicamente por un neumotórax, y un primo de la víctima —también médico— resultó lesionado al intentar defenderlas. El Observatorio de Género de Alas Tensas elevó a 47 los feminicidios verificados en Cuba en lo que va de 2026.
El feminicidio de la doctora Yanelyks Alonso Valdés, de 55 años, ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada en una vivienda de la calle Arango, en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque. Según los reportes preliminares difundidos por la plataforma independiente NiO Reportando un Crimen y verificados posteriormente por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), el presunto responsable fue identificado como Horlianys Valdés, expareja de la víctima, quien tras cometer la agresión se autolesionó y permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica.
Alonso Valdés era especialista en Ginecología y Obstetricia y estaba vinculada profesionalmente al Hospital Materno de Güines, uno de los centros de referencia para la atención materno-infantil en la provincia de Mayabeque. Quienes la conocieron —colegas, pacientes, familiares y amigos— la describieron en redes sociales como una mujer alegre, dedicada a su profesión y profundamente querida en su comunidad. Su asesinato no solo representa una pérdida irreparable para su entorno personal, sino también un golpe al ya deteriorado sistema de salud cubano, que ha visto partir a cientos de profesionales en los últimos años, ya sea por la emigración masiva o, como en este caso, por la violencia intrafamiliar.
La violencia no se detuvo en la víctima
La brutalidad del ataque se extendió a otros miembros del hogar. La madre de la doctora, una mujer de más de 75 años, resultó gravemente herida y tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica debido a un neumotórax, una condición que implica el colapso del pulmón por la acumulación de aire en la cavidad pleural y que, en pacientes de edad avanzada, representa un riesgo vital considerable. Además, un primo de la víctima que intentó auxiliar a las mujeres también resultó lesionado. Este familiar fue identificado asimismo como profesional de la medicina, lo que subraya que la violencia machista en Cuba no distingue clase social, formación académica ni contexto profesional.
El presunto agresor, Horlianys Valdés, sobrevivió a las heridas que se habría autoinfligido tras el ataque y se encuentra bajo custodia policial. Hasta el momento, las autoridades de la isla no han emitido comunicados oficiales sobre el caso ni han informado sobre los cargos que se le imputarán, lo que resulta coherente con el patrón habitual del régimen de La Habana de silenciar o minimizar los casos de violencia de género, especialmente cuando estos adquieren connotaciones que pueden generar indignación social.
47 feminicidios verificados en lo que va de 2026
Con el asesinato de la doctora Alonso Valdés, el Observatorio de Género de Alas Tensas elevó a 47 el número de feminicidios verificados en Cuba en lo que va de 2026. La organización, que documenta estos crímenes a partir de denuncias familiares, publicaciones en redes sociales y la contrastación de múltiples fuentes, también contabiliza 20 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres relacionados con violencia feminicida durante el mismo período. Estas cifras, sin embargo, podrían ser considerablemente más altas, dado que muchas agresiones y homicidios en zonas rurales o de difícil acceso informativo nunca llegan a registrarse en plataformas independientes.
La labor del OGAT y de otras plataformas ciudadanas como NiO Reportando un Crimen se ha vuelto indispensable en un país donde el gobierno cubano no publica estadísticas oficiales sistemáticas sobre feminicidios ni mantiene políticas públicas específicas para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres. Aunque en 2023 el régimen incluyó por primera vez el término \»feminicidio\» en el Código Penal tras años de presión social y de organizaciones internacionales, la ausencia de transparencia en los datos, la falta de protocolos de protección efectivos para víctimas de violencia machista y la inoperancia del aparato judicial siguen dejando a las mujeres cubanas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Un sistema que falla a sus mujeres
El caso de la doctora Alonso Valdés pone nuevamente de relieve una crisis que el ejecutivo cubano se ha negado sistemáticamente a reconocer como estructural. La violencia machista en Cuba no es un fenómeno aislado ni un problema exclusivamente individual: se inserta en un contexto de profundización de la crisis económica, deterioro del tejido social, colapso de los servicios públicos —incluidos los de atención a víctimas de violencia— y un marco jurídico e institucional que, pese a reformas recientes, continúa sin ofrecer respuestas efectivas. La dictadura cubana ha mantenido una política de invisibilización de la violencia de género, tratándola como un asunto privado o como un problema \»importado\» del exterior, en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde como Estado.
La inexistencia de un protocolo nacional de actuación frente a la violencia machista, la ausencia de refugios estatales para mujeres en situación de riesgo y la falta de campañas educativas sostenidas son síntomas de una voluntad política nula. Mientras tanto, las organizaciones feministas independientes —que operan en condiciones de hostigamiento y sin reconocimiento legal— asumen el trabajo que debería corresponder al Estado: documentar, visibilizar y acompañar a las víctimas. El régimen de La Habana, en lugar de proteger a las mujeres, ha optado por criminalizar a las activistas que denuncian estos crímenes y por ignorar las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas.
Contexto: la crisis estructural detrás de la violencia
El feminicidio de Güines no puede desvincularse del panorama general que atraviesa la isla. La crisis económica prolongada ha agravado las condiciones de vida de millones de cubanos: inflación descontrolada, desabastecimiento crónico, colapso del transporte y de los servicios básicos, cortes eléctricos diarios y una migración sin precedentes que ha desmembrado a familias enteras. En este escenario de precariedad material y desesperanza, la violencia intrafamiliar ha encontrado un caldo de cultivo propicio. Los espacios de convivencia se han vuelto más tensos, los mecanismos comunitarios de contención se han debilitado y las instituciones que deberían proteger a las víctimas —policía, tribunales, fiscalía— operan con una ineficiencia que en muchos casos raya en la negligencia.
La pérdida de profesionales de la salud como la doctora Alonso Valdés tiene además un impacto directo sobre un sistema sanitario que ya está al borde del colapso. Cuba ha perdido a miles de médicos en los últimos años por la emigración, y cada profesional que fallece, emigra o abandona el sector representa un daño difícil de reparar para una población que depende exclusivamente de la salud pública estatal. El Hospital Materno de Güines, donde trabajaba la víctima, es uno de los centros encargados de la atención obstétrica en Mayabeque, una provincia que ya enfrenta déficits de personal médico y problemas de abastecimiento de insumos básicos.
Antecedentes: una crisis silenciada
El asesinato de la doctora Alonso Valdés se suma a una larga lista de feminicidios que han conmocionado a la sociedad civil cubana en los últimos años. En 2024, el OGAT documentó más de 60 feminicidios en la isla, una cifra que ya entonces representaba un récord. Casos como el de Yamisel Rodríguez, asesinada en Holguín, o el de Lisnay Mederos, en Artemisa, generaron movilizaciones ciudadanas y exigencias de justicia que el gobierno cubano ignoró o reprimió. La respuesta institucional ha sido consistentemente la misma: silencio oficial, ausencia de datos públicos y, en algunos casos, censura a quienes intentan organizar protestas o campañas de sensibilización.
La inclusión del término \»feminicidio\» en el Código Penal en 2023 fue resultado de años de presión por parte del movimiento feminista cubano, que logró arrancar una mínima concesión legislativa a la dictadura. Sin embargo, la tipificación penal no ha venido acompañada de medidas complementarias: no existen protocolos de actuación policial específicos, no hay registros oficiales de feminicidios, no se han creado refugios para víctimas y los tribunales continúan aplicando penas que la sociedad civil considera insuficientes y desproporcionadas respecto a la gravedad del delito. La brecha entre la norma escrita y la práctica institucional es, en la Cuba actual, un abismo.
El rol de las plataformas independientes
Frente al vacío estatal, plataformas como NiO Reportando un Crimen y el Observatorio de Género de Alas Tensas han asumido un rol que en cualquier democracia correspondería a las instituciones públicas: el registro sistemático de los crímenes de odio por razones de género. Estas organizaciones trabajan con recursos mínimos, sin financiamiento estatal y bajo el riesgo constante de represalias, pero han logrado construir una base de datos que resulta indispensable para comprender la magnitud real de la violencia machista en Cuba. Su metodología combina la verificación de fuentes, el contacto con familiares y la documentación de patrones recurrentes, lo que les ha otorgado credibilidad tanto dentro como fuera de la isla.
El trabajo de estas plataformas ha sido reconocido por organismos internacionales y por la prensa independiente, pero el gobierno cubano se ha negado a dialogar con ellas o a incorporar sus datos a cualquier informe oficial. Esta negativa forma parte de una estrategia más amplia de control informativo: si no hay datos oficiales, no hay problema oficial; si no hay problema oficial, no hay necesidad de políticas públicas. Es un mecanismo de invisibilización que ha permitido a la dictadura cubana eludir su responsabilidad en la protección de las mujeres durante décadas.
Consecuencias y perspectivas
El feminicidio de la doctora Yanelyks Alonso Valdés deja a una familia devastada, a una comunidad médica enlutada y a una sociedad civil que una vez más se enfrenta al dolor y a la impotencia. Su madre, en estado grave tras una cirugía de urgencia, y su primo, lesionado al intentar defenderla, son testimonios vivos de la brutalidad de una violencia que no se ha detenido y que el Estado cubano no ha querido contener. La pregunta que persiste es cuántas mujeres más deberán morir antes de que el régimen de La Habana asuma su responsabilidad constitucional y internacional de proteger a la mitad de su población.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han llamado reiteradamente al gobierno cubano a implementar políticas integrales contra la violencia de género, pero estas exigencias han chocado con la misma barrera de siempre: la falta de voluntad política de una dictadura que prioriza el control social sobre la protección ciudadana. Mientras tanto, las mujeres cubanas siguen muriendo en sus propias casas, a manos de sus parejas o exparejas, sin que el Estado mueva un solo recurso para evitarlo. El caso de la doctora Alonso Valdés es el número 47 en la lista de 2026, pero la cifra real —aquella que nunca se registra ni se denuncia— podría ser mucho mayor. Y esa es, quizás, la tragedia más grande de todas.
