adura cubana condena a cinco años de prisión a la comunicadora Sulmira Martínez Pérez y asfixia económicamente a su familia
La joven Sulmira Martínez Pérez, conocida en las redes sociales como \»Salem de Cuba\», enfrenta una condena de cinco años de cárcel impuesta por el régimen de La Habana tras más de tres años de prisión provisional. Su delito: publicar mensajes críticos en Facebook y convocar a protestas pacíficas. Mientras ella permanece en un campamento penitenciario de condiciones inhumanas, su madre sufre el asedio económico y el hostigamiento constante de las autoridades de la isla.
Detenida el 10 de enero de 2023 en La Habana, Martínez Pérez fue hallada culpable de los supuestos delitos de \»propaganda contra el orden constitucional\» y \»desacato\». La Fiscalía militarizada había solicitado inicialmente una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad. A pesar de la gravedad de la sentencia, cuya notificación se conoció en los primeros meses de 2026, la familia de la joven aún no ha recibido una copia oficial del fallo, lo que agrava la opacidad de un proceso judicial que ha estado plagado de aplazamientos e irregularidades desde su inicio.
Según ha denunciado su madre, Norma Pérez, Sulmira ya reunía los requisitos temporales para que se valorara la concesión de la libertad condicional. Sin embargo, cada revisión administrativa o judicial resulta en una nueva denegación que prolonga su permanencia en prisión. Esta situación evidencia cómo la justicia en Cuba no opera como un poder independiente, sino como un instrumento de control político diseñado para prolongar el castigo de quienes disienten.
El castigo, no obstante, no se limita a la reclusión de la comunicadora. La dictadura cubana ha extendido su radio de acción hacia su entorno familiar de manera implacable. Norma Pérez ha sido víctima de la represión sistémica al negársele la posibilidad de acceder a un empleo formal en el sector estatal. Cuando intenta sobrevivir en la economía informal vendiendo café y cigarros, las autoridades locales la multan reiteradamente y le impiden ejercer dicha actividad comercial.
Esta estrategia de asedio económico contra los familiares de los presos políticos es una táctica recurrente del régimen. El mensaje que envía el gobierno cubano es claro y punitivo: si un miembro de la familia se atreve a pensar y expresarse de manera diferente, todo el núcleo familiar pagará las consecuencias. Se trata de una condena colectiva que busca aislar socialmente y doblegar la moral de quienes permanecen fuera de las rejas.
La criminalización de la libre expresión en Cuba
Sulmira Martínez Pérez no está privada de libertad por delitos comunes, sino por ejercer un derecho universal: la libertad de expresión. A través de sus perfiles en redes sociales, se limitó a escribir lo que millones de cubanos piensan a diario pero temen expresar públicamente. El régimen ha convertido la crítica ciudadana en un crimen contra el \»orden constitucional\», un eufemismo legal utilizado para proteger el monopolio de poder del Partido Comunista de Cuba.
El caso de \»Salem de Cuba\» se inscribe en una tendencia más amplia de criminalización del activismo digital que se intensificó tras las protestas del 11 de julio de 2021. Ante la incapacidad del ejecutivo cubano para ofrecer respuestas a la profunda crisis que atraviesa la nación, las autoridades han optado por el silenciamiento forzado de los voceros ciudadanos, especialmente de aquellos que utilizan plataformas como Facebook para denunciar la falta de libertades y la precariedad material.
Organizaciones independientes de la sociedad civil, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, han reconocido formalmente a Martínez Pérez como presa política. Estas entidades han exigido su liberación inmediata e incondicional, señalando que su proceso judicial careció de las mínimas garantías del debido proceso y se sustentó en un aparato de seguridad del Estado empeñado en fabricar culpables.
Contexto de crisis estructural y represión económica
Para comprender la magnitud del hostigamiento contra la familia de Sulmira, es indispensable observar el contexto de crisis económica estructural que sufre la isla. Cuba atraviesa una de sus peores coyunturas en décadas, caracterizada por una inflación galopante, un desabastecimiento crónico de productos básicos y un colapso total de los servicios públicos, incluido el sistema energético. En este escenario, la supervivencia cotidiana depende en gran medida de la economía informal.
Al negar el acceso al empleo estatal y multar la venta informal de productos a Norma Pérez, las autoridades de la isla no solo aplican una sanción política, sino que condenan a la familia a la indigencia. Este tipo de represión económica es particularmente cruel en un país donde el Estado controla de manera monopólica todos los medios de producción y distribución, dejando a los disidentes sin vías legales para procurarse el sustento.
Además, la situación ocurre en medio de un éxodo migratorio sin precedentes, donde cientos de miles de cubanos han optado por abandonar el país ante la falta de horizontes y el aumento de la represión. Los que se quedan, como Norma Pérez, enfrentan el acoso cotidiano de un aparato estatal que prioriza la vigilancia y el castigo político sobre el bienestar de su población.
Implicaciones y exigencia de libertades
El traslado de Sulmira a un campamento penitenciario, donde las condiciones de higiene y alimentación son deplorables, representa un escalonamiento en su castigo. Cada día que pasa en este recinto es una afrenta a la dignidad humana y una muestra de que la dictadura cubana solo puede sostenerse mediante la coerción, el miedo y el encarcelamiento de sus críticos.
El encarcelamiento prolongado de Sulmira Martínez Pérez y la negación arbitraria de su libertad condicional no son errores de un sistema judicial defectuoso, sino la esencia misma de un sistema autoritario que no tolera la disidencia. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben mantener una presión constante sobre el régimen de La Habana.
La liberación de Sulmira y de los cientos de presos políticos que languidecen en las cárceles cubanas debe ser una condición ineludible en cualquier diálogo o política de acercamiento diplomático. Mientras existan jóvenes pagando con años de su vida por publicar sus ideas en internet, y madres perseguidas por vender café para sobrevivir, la democracia y los derechos humanos seguirán siendo una asignatura pendiente en Cuba.
