Las autoridades de la isla confirmaron el hallazgo del cuerpo estrangulado de Mercedes Cantero Rodríguez, de 64 años, en su vivienda de San Justo, Artemisa. El presunto autor del crimen es Arisbel Cabeza Reyes, quien ya está vinculado a otros dos homicidios en la misma provincia, elevando la alarma social por la inseguridad y la violencia machista que azota al país.
El cadáver de Cantero Rodríguez, conocida en su comunidad como \»La Mora\», fue descubierto oculto bajo una cama en avanzado estado de descomposición, según relataron fuentes cercanas a la familia. Los indicios apuntan a que llevaba al menos tres días sin vida en el momento del hallazgo, el cual fue motivado por la preocupación de los vecinos ante su prolongada ausencia y el fuerte olor que emanaba de la vivienda. Personal de la funeraria local corroboró posteriormente las señales de estrangulamiento en el cuerpo.
El principal sospechoso, Arisbel Cabeza Reyes, se encuentra bajo custodia en un centro hospitalario de La Habana tras intentar suicidarse con un arma de fuego al ser acorralado por la policía. El individuo mantenía una relación con la víctima y ya había sido capturado en Bahía Honda por el asesinato de un padre y su hijo. Un detalle revelador de este caso es que Cabeza Reyes cumplía condena por hurto bajo un régimen de menor severidad que le permitía trabajar en un hospital, lo que evidencia las graves fallas del sistema penitenciario y de reinserción gestionado por el régimen de La Habana.
Inseguridad ciudadana y violencia de género en crisis
Organizaciones de la sociedad civil independiente, como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, han catalogado este suceso como el feminicidio número 31 en lo que va de 2025, tras documentar 55 casos en el año anterior. Esta sucesión de crímenes violentos no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el profundo deterioro del tejido social y el colapso institucional que atraviesa la isla. La crisis económica, el desabastecimiento y la falta de oportunidades fomentan un escenario de creciente inseguridad ciudadana que el gobierno cubano no logra contener.
A pesar de la retórica oficial sobre \»tolerancia cero\» a la violencia machista, la dictadura cubana mantiene a las mujeres en un estado de total desamparo. Activistas feministas han denunciado de manera reiterada la inexistencia de protocolos institucionales eficaces, refugios seguros para víctimas y herramientas legales específicas. La inacción del ejecutivo cubano y la falta de una Ley Integral contra la Violencia de Género demuestran que la protección de la vida de las mujeres sigue siendo una prioridad secundaria frente al control político, dejando a la ciudadanía a merced de la violencia estructural.
