La decisión de la Unión Eléctrica Nacional (UNE) de sustituir los cortes por bloques por interrupciones por circuitos ha agravado dramáticamente la crisis energética en La Habana, donde los apagones ahora superan en duración e intensidad a los que históricamente padecían las provincias. Los habitantes de barrios como El Calvario, el Reparto Eléctrico y Parcelación Moderna, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, soportan cortes que se prolongan hasta por cuatro días consecutivos, mientras el régimen despliega operativos policiales para sofocar cualquier brote de protesta social.
El cambio de metodología en la distribución de los cortes eléctricos, implementado hace varias semanas por la UNE, ha transformado lo que ya era una situación insostenible en una crisis de dimensiones aún mayores. Hasta hace poco, los apagones se aplicaban por bloques, un sistema que permitía a los ciudadanos prever con cierta regularidad cuándo perderían el servicio y cuándo este se restablecería. Bajo el nuevo esquema de circuitos, las interrupciones son más prolongadas, más erráticas y se acompañan de un aumento alarmante en las averías técnicas: cables partidos, transformadores reventados, subestaciones incendiadas y bajos voltajes que se suceden sin solución de continuidad.
En zonas suburbanas del municipio de Arroyo Naranjo, los residentes han documentado cortes que superan ampliamente las 48 horas. El pasado 10 de julio, tras la tercera caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en nueve días, el servicio se interrumpió a las tres de la tarde y no se restableció hasta el 14 de julio, pasadas las nueve y media de la noche. Una nueva avería dejó nuevamente sin electricidad a gran parte del barrio desde la tarde del 26 de julio hasta el mediodía del 28. En la actualidad, los habitantes de esta zona disponen de no más de cuatro horas continuas de electricidad al día, insuficientes para cocinar, recargar teléfonos, lámparas o ventiladores.
Colapso operativo y abandono institucional
La respuesta de la Empresa Eléctrica ante las averías ha sido igualmente deficiente. Los equipos técnicos han demorado más de 24 horas en acudir a reparar las fallas, alegando que la magnitud de las afectaciones en la ciudad supera su capacidad operativa. Las explicaciones oficiales suenan a excusas repetidas como un guion: cada corte tiene su justificación técnica inmediata, pero ninguna autoridad ofrece una respuesta estructural al colapso del sistema energético nacional, cuya capacidad de generación ha caído por debajo de los niveles mínimos requeridos para sostener la demanda básica del país.
La situación ha generado un nivel de frustración y rabia creciente entre los habitantes de los barrios afectados. Sin embargo, las protestas han sido contenidas no por la satisfacción de las demandas ciudadanas, sino por el despliegue intimidatorio de las fuerzas de seguridad del Estado. El 10 de julio, cuando un grupo de residentes de Parcelación Moderna realizó un cacerolazo para exigir el restablecimiento del servicio, decenas de policías y agentes de la Seguridad del Estado llegaron en varios vehículos para dispersar la protesta. A varios participantes se les levantaron actas de advertencia y se les impusieron multas de entre ocho y diez mil pesos, según la intensidad con la que hubieran expresado su descontento.
Represión selectiva y chivatería como herramienta de control
El 27 de julio, un grupo de vecinos estuvo a punto de bloquear la Calzada de Managua como forma de protesta, pero finalmente desistió. La disuasión no provino únicamente de las fuerzas del orden, sino de la red de informantes y colaboradores que el régimen mantiene activa en cada barrio. Varios individuos se encargaron de desinflar el ánimo protestatario argumentando que las acciones no resolverían nada y que la culpa de la crisis no era del gobierno, sino del embargo estadounidense. A un comerciante local que protestaba con mayor vehemencia porque la falta de refrigeración estaba arruinando sus productos cárnicos, los informantes le advirtieron que si continuaba podría perder no solo su mercancía, sino también su licencia comercial.
La imposición del sistema de cortes por circuitos ha abierto además un flanco de corrupción que enardece aún más a la población. Empleados de la Empresa Eléctrica retiran el servicio de un circuito para favorecer a otros donde propietarios de negocios privados pagan sobornos a cambio de mantener la electricidad. La policía descubrió uno de estos casos en Calabazar, pero los residentes de Mantilla, el Reparto Eléctrico y Ciudad Jardín aseguran que la práctica es generalizada. En estos barrios se han producido enfrentamientos directos entre vecinos y linieros, a quienes la población intenta impedir que retiren transformadores para trasladarlos a otras zonas.
Desigualdad artificial y fractura social
La existencia de circuitos priorizados, donde la electricidad nunca falta o los cortes son mínimos, contrasta de manera obscena con aquellos donde los apagones pueden prolongarse más de 24 horas. Esta desigualdad artificial ha generado resentimientos entre barrios colindantes y ha fracturado la cohesión social que históricamente caracterizaba a las comunidades cubanas. Los linieros, antes admirados por su dedicación a una labor peligrosa y recibidos con café por los vecinos, son ahora vistos con sospecha y hostilidad, acusados de incompetencia o de complicidad en esquemas de corrupción.
Hasta hace pocos meses, los habitantes del interior del país denunciaban que La Habana gozaba de un tratamiento preferencial en materia eléctrica, con cortes significativamente menos severos. La situación actual ha igualado el sufrimiento: los apagones en la capital son ahora tan prolongados e impredecibles como en las provincias, lo que ha extendido el descontento a un sector de la población que hasta ahora había sido relativamente protegido de las peores consecuencias de la crisis energética.
Contexto: el colapso estructural del sistema energético cubano
La crisis eléctrica que vive Cuba no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de desinversión, falta de mantenimiento y mala gestión del sistema energético nacional. Las termoeléctricas cubanas, construidas en su mayoría durante la segunda mitad del siglo XX, operan muy por debajo de su capacidad instalada debido al envejecimiento de sus infraestructuras y a la imposibilidad de adquirir repuestos y combustibles en el mercado internacional. La dependencia de combustibles importados, combinada con la escasez crónica de divisas, ha llevado al país a una situación en la que la generación disponible es insuficiente para cubrir la demanda, incluso después de aplicarse drásticos programas de ahorro.
Este colapso energético se inscribe en una crisis estructural más amplia que afecta a todos los sectores de la economía cubana. La inflación descontrolada, la depreciación del peso cubano frente al dólar, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, el deterioro del sistema de salud pública y la masiva emigración que ha vaciado al país de su fuerza laboral más calificada conforman un panorama de declive sistémico. El régimen de La Habana ha optado por gestionar la crisis mediante la represión, el control informativo y la división artificial de la población, en lugar de implementar reformas estructurales que permitan revertir el colapso.
La táctica de enfrentar a distintos sectores de la población entre sí tiene una larga tradición en la historia del gobierno cubano. Desde sus primeros años en el poder, el régimen construyó su legitimidad sobre la polarización: burgueses contra proletarios, revolucionarios contra disidentes, emigrados contra residentes. Más recientemente, esta estrategia se ha adaptado a las nuevas realidades sociales del país: receptores de remesas contra quienes no las reciben, pasajeros contra transportistas privados, cuentapropistas acusados de inflacionarios contra consumidores empobrecidos. Los apagones por circuitos parecen ser la última iteración de este manual de control social.
Dividir para someter
Al fragmentar los cortes eléctricos en zonas más pequeñas, el régimen logra varios objetivos simultáneos. En primer lugar, reduce la masa crítica de potenciales manifestantes en cada ubicación, lo que facilita la identificación y represión individual de quienes se atrevan a protestar. En segundo lugar, genera tensiones entre barrios que se perciben como privilegiados o desfavorecidos según la duración de sus apagones, desplazando la frustración popular desde el poder hacia los vecinos. Y en tercer lugar, abre espacios de corrupción que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y en los propios trabajadores del sector eléctrico, transformando lo que debería ser un problema de gestión gubernamental en conflictos interpersonales.
Las consecuencias de esta crisis se proyectan hacia un horizonte cada vez más sombrío. La imposibilidad de prever cuándo habrá electricidad afecta la conservación de alimentos, el acceso al agua potable —cuyo bombeo depende en gran medida del suministro eléctrico—, la educación a distancia, el trabajo de los cuentapropistas y la salud de personas que dependen de equipos médicos electrificados. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene una postura de observación pasiva, y el gobierno cubano continúa sin ofrecer un plan creíble de recuperación del sistema energético, limitándose a administrar el colapso con medidas paliativas que no abordan las causas profundas del deterioro. La pregunta que se imponen cada vez más cubanos no es cuándo volverá la luz, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse un modelo de gestión que ha convertido la supervivencia cotidiana en un desafío extraordinario.
